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Cuando el Estado pone remedio

Esta semana podría aprobarse un proyecto de ley que busca impulsar la investigación y desarrollo de fármacos en el ámbito estatal. Además del impacto económico -se podrían producir fármacos cuatro veces más baratos que los del sector privado-, aseguran que la iniciativa resulta clave para garantizar un mayor acceso a la salud.
Por Agustina Sucri

Que los medicamentos dejen de considerarse una “mercancía” para convertirse en un “bien social” y que los laboratorios públicos sean los principales proveedores de medicamentos en el ámbito de atención sanitaria estatal son dos de los objetivos que persigue un proyecto de ley que -según se anunció- será aprobado en la próxima sesión del Senado, el miércoles.
La iniciativa no sólo implica un paso importante hacia la posibilidad de abaratar el gasto público actual en medicamentos, vacunas y materias primas sino que además busca promover la accesibilidad a estos productos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico.
Hace algunos días el titular de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, anunció que la presidenta de la Nación le pidió el tratamiento del proyecto de ley para la producción pública de medicamentos ya que, para el Gobierno, el tema en cuestión “tiene que ver con una política de Estado” y anticipó que el miércoles próximo sería sancionado.
El proyecto, que fue aprobado por Diputados el 16 de marzo último, cuenta con el despacho de la Comisión de Salud de la Cámara alta, presidida por el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR), José Cano.
PILARES
Las bases de este proyecto legislativo se asientan sobre dos hechos fundamentales: la existencia en el país de 39 laboratorios públicos de producción de medicamentos y la alta calidad de los recursos humanos en el ámbito de investigación y desarrollo científicos. Así lo explicó, en diálogo con La Prensa, Claudio Capuano, coordinador de la cátedra de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro de la Red de Laboratorios Públicos (RELAP).
“Hay una capacidad científico-técnica instalada en la Argentina y una trayectoria histórica”, subrayó el catedrático, para luego recordar: “En 1945 se creó, a instancias de Ramón Carrillo durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la Empresa Medicinal del Estado (EMESTA), donde se hicieron diversos medicamentos. A nivel universitario, fue importante la tarea realizada en este mismo sentido durante el rectorado de Raúl Laguzzi en la Facultad de Medicina de la UBA”.
“También es ejemplo de la capacidad que tiene el país para la producción de medicamentos -añadió- la Comisión Nacional de Energía Atómica, que era el único productor de radiofármacos en el territorio argentino”.
“Cabe recordar también que cuando fue la gran crisis de 2001, los laboratorios públicos fueron los que salieron a paliar el déficit de medicamentos”, remarcó.
Estos y otros antecedentes motivaron que la cátedra libre de Salud y Derechos Humanos -que coordina Capuano-, junto con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, investigadores de la Academia Nacional de Medicina y otras instituciones, comenzaran en el año 2000 a realizar encuentros por la producción pública de medicamentos y vacunas.
“A partir de estos encuentros se logró que todos los productores públicos de medicamentos de la Argentina se conociesen, se realizaron jornadas de formación con la participación de expertos nacionales e internacionales, y como resultado fueron surgiendo diversas propuestas, entre las que se destacó la de generar una política de Estado en torno a esta temática”, explicó el profesor de la UBA.
ANTES Y DESPUES
Según apuntó Capuano, los 39 laboratorios públicos -nucleados en la RELAP- producen 250 medicamentos básicos esenciales y algunos de ellos exportan sus productos a países del Mercosur. Tal es el caso del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que constituye la planta fraccionadora de plasma humano de mayor capacidad de producción en toda Latinoamérica.
En cuanto a las diferencias que implicaría la aprobación de la ley, entre lo que hacen actualmente los laboratorios públicos y lo que podrían hacer, el profesional opinó que el proyecto plantea una serie de aspectos estratégicos. Capuano mencionó que la normativa prevé declarar de interés nacional la producción de medicamentos y vacunas; considera al medicamento como un bien social -eje central del derecho humano al acceso a la salud-; y estipula la asignación de un presupuesto específico para este fin.
Asimismo, el experto destacó que el proyecto legislativo promueve “la articulación de la investigación y el desarrollo para la producción de medicamentos con las universidades públicas”.
En ese sentido, Capuano puso de manifiesto que hasta ahora las investigaciones científicas llevadas adelante por las universidades públicas no siempre están orientadas a la resolución de problemáticas centrales en materia de salud.
“Por ejemplo, la Argentina tiene enfermedades endémicas como el Chagas, que afecta a entre 3 y 5 millones de personas. Para su tratamiento se utilizan dos medicamentos, que datan de 1950, con muchos efectos adversos. Por lo tanto, sería de gran utilidad que haya una universidad investigando este tema, para cambiar la molécula y disminuir los efectos adversos”, argumentó.
IMPACTOS
En esa misma línea, el coordinador de la cátedra de Salud y Derechos Humanos hizo hincapié en que la legislación impactará en lo social, en lo económico y en el sistema de salud pública.
“El medicamento sería considerado un bien esencial, que deben producir los laboratorios públicos, lo cual ayudaría a garantizar el acceso a los medicamentos. Además, se optimizaría el sistema de salud pública al promover la producción de fármacos y compras de insumos racionales, de acuerdo a las necesidades del país. Y por otra parte, se reduciría significativamente el gasto actual ya que estamos hablando de medicamentos que son por lo menos cuatro veces más baratos que los del sector privado y con excelente calidad”, sintetizó.
En tanto, Capuano enfatizó que el proyecto de ley prevé la investigación y desarrollo de medicamentos para las “enfermedades huérfanas”, que son aquellas para las cuales la industria farmacéutica no produce tratamientos por considerar que no les deja ganancias.
CONTROLES
El texto de la ley establece que “la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías -ANMAT-, ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de contralor y habilitación, debe exigir a los laboratorios de producción pública el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control”.
Como la producción actual de medicamentos en los laboratorios públicos responde a normativas y estándares de control provinciales, estos laboratorios deberán ahora contar con la aprobación de la ANMAT para que los medicamentos puedan ser transportados de una provincia a otra.
“Los laboratorios públicos -dispersos en distintas provincias- ya están produciendo medicamentos de alta calidad para abastecer al sector público provincial, es decir que sólo deberán adecuar ciertos estándares que exige la ANMAT para poder tener tránsito federal”, explicó Capuano, quien insistió en que la calidad será la misma.
Para concluir, el representante de la RELAP dijo que de los 39 laboratorios públicos, seis ya cuentan con la habilitación de la ANMAT para el tránsito federal y 11 están en condiciones de ser habilitados.

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