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Graciela Ocaña: La Salud que viene

En una entrevista exclusiva que dio la ex Ministra de Salud a la Revista Médicos, donde cuenta su diagnóstico sobre el área, se define como “una militante política” y explica cuáles fueron los ejes de su gestión, a los cuatro meses del inicio de su gestion, por lo tanto mas que nada tiene un valor documental y se puede entender que sucedia en ese tiempo en la Republica Argentina.

Desde que su imagen se hizo conocida al frente del Pami, Graciela Ocaña, de 47 años, Licenciada en Ciencias Políticas, se encargó de mostrar un perfil más vinculado al trabajo que a las palabras. Sin embargo, en la entrevista que nos concede en su despacho, no evita las definiciones políticas: las presenta como el fundamento de cada uno de los hechos de su gestión.
Hemos escuchado muchas veces la frase “la salud debe pasar a ser una política de Estado”. Pero, parecería que siempre había otros temas primero: seguridad, etc.
Yo creo que la salud hoy, para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, es un tema adoptado. Ahora, ésta es una discusión: para nosotros la salud no es el tratamiento de la enfermedad, sino que tiene que ver con áreas como la prevención, la infraestructura. No puede haber salud si no hay agua potable, si no hay cloacas; no puede haber salud si no hay hábitos saludables en una comunidad; no se puede hablar de salud si no hay una comunidad organizada para garantizar esas condiciones de vida. Yo creo que esto la Presidenta lo tiene muy en claro. Hubo una primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner en la que el presiente se vio necesitado de resolver los temas más urgentes. Hoy hay una visión más estratégica y más de largo plazo. La Presidenta convocó el 1 de marzo al acuerdo socio- sanitario. A mí me parece que esto es central: hacía mucho tiempo que un presidente no convocaba a los argentinos a reformular su sistema de salud.
¿Es esto ahora factible? ¿Se puede hacer realidad?
Yo creo que hoy la salud es política de Estado porque, básicamente, es una necesidad de los argentinos. Lo que tenemos que discutir es qué salud queremos, porque a veces comparamos lo que se gasta en salud por habitante con lo que se gasta en otros países en dólares y, entonces, parece que se distorsiona. Cuando uno suma lo que gasta el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, la seguridad social y lo que pone cada argentino de su propio bolsillo a través de la medicina prepaga, privada o de coseguro, estamos hablando de cifras cercanas al 9% del PBI. Entonces cuando uno compara la inversión que otros países hacen en dólares o euros, tenemos cifras bastante parecidas, pero lo que es cierto es que nosotros no tenemos la calidad de atención que tienen esos lugares. Hay muchos recursos que se pierden por la falta de articulación de estos fondos que se invierten en salud.
Este Ministerio pasó por situaciones difíciles, incluso estuvo a punto de desaparecer. ¿Cuál va a ser el rol del Ministerio de acá en adelante?
El Ministerio tiene que ser el gran articulador de todo el sistema sanitario: para esto necesitamos trabajar en conjunto con la seguridad social, con el Pami, con las obras sociales provinciales y con las provincias. Lo que hay que hacer son economías en escala que permitan asignar mejor estos recursos. Esto creo que cambia el mapa sanitario. Nosotros queremos que la articulación que logramos dentro del Pami podamos volcarla hacia fuera y trabajar en indicadores comunes: en la cara y el registro de la población. Tenemos que lograr una política de salud integral que pueda tener un estándar mínimo de atención para todos. Después, cada sector podrá introducir las modificaciones que crea más convenientes para mejorar la atención, pero es imprescindible tener esos estándares. El sector público tiene que tener modelos de calidad, no sólo estándares de calidad de la atención, sino también de infraestructura, hotelería, equipamiento. Nosotros no creemos que el sector público y el sector privado tengan que competir. Es ridículo que el sector público adquiera equipamiento que está en manos del sector privado porque se produce un dispendio de fondos que también hay que regular. Tampoco se puede tener una cantidad de equipamiento en un mismo lugar, incluso dentro del sector privado, porque eso lo que hace es aumentar los costos de la prestación. Hay que trabajar mucho en la escala y el Ministerio tiene que cumplir un rol central.
¿El Ministerio solamente atiende a quienes no tienen cobertura o atiende las necesidades de toda la población?
Muchos ministros plantean la necesidad del seguro público de salud para los que no tienen cobertura y la verdad es que un ministro no puede abordar la problemática individual, la tiene que abordar como una totalidad, estableciendo estándares de retención, estableciendo protocolos de tratamientos similares. Después, por supuesto, alguno podrá ofrecer hotelería privada, dos camas, etcétera. Esos son servicios adicionales. Ahora, el Estado tiene que dar la oportunidad de que todos tengan una garantía. Y ésa es la obligación.
A cuatro meses de gestión, ¿tiene un diagnóstico del mapa sanitario argentino?
Creemos que es imprescindible tener ese mapa porque es el que te permite hacer referencia y contrarreferencia. Estamos trabajando en eso, se ha avanzado muchísimo, ya tenemos, en algunas provincias, prácticamente barrida toda la situación; en otras, estamos un poco más atrasados y esperamos en el corto plazo poder concluir con esta tarea. En las provincias de las que ya tenemos todos los datos ya hemos empezado a hacer este abordaje: ya comenzamos a hacer esta red de referencia y contrarreferencia para establecer dónde hace falta inversión que, insisto, debe hacer el Estado.
¿Que políticas piensan implementar con respecto a los recursos humanos? Usted firmó acuerdos con las universidades, ¿Hay que orientar la formación hacia sectores que el área necesita?
Así es; armamos un consejo consultivo que va a trabajar en la temática de formación, en el programa de salubridad escolar, donde la universidad tiene un rol central, no solamente en la elaboración del programa, sino también en la ejecución del mismo. En el Pami apostamos mucho a los recursos de la universidad, y ahora, desde el Ministerio, todos los decanos de facultades públicas ligadas a la salud han colaborado y están trabajando conmigo. El Estado puede hacer inversión en equipamiento, infraestructura o tecnología, pero muchas veces lo que vemos es que hay zonas del país en donde no se cuenta con los profesionales que se requieren para la atención. En algunos casos, esto ocurre por falta de incentivos a estos profesionales. Es un tema que no lo van a poder resolver por sí solos ni la Nación, ni las provincias, ni el municipio, ni ninguna obra social, pero creemos que integrando los esfuerzos se puede lograr que un profesional tenga a cargo la atención de toda la gente de una zona y que sea abonado por todos los que tienen beneficiarios en ese lugar. Entonces, me parece que ésa es la tarea central: integrar esos recursos y administrarlos, para que temas como la falta de enfermeras o la falta de personal crítico no vuelvan a discutirse en la Argentina.
¿Cómo se corrige la fragmentación del sistema?
Si el Ministerio vuelve a tomar el rol rector, puede resolver este problema. Yo me he reunido con autoridades de la COSSPRA (Confederación de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina), el Pami y la Superintendencia, y creemos que, en conjunto y en el marco del Ministerio, podemos hacerlo. Vamos a hacer que la Cosspra pueda participar a nivel regional y en algunas reuniones del COFESA (Consejo Federal de Salud). Para nosotros eso es central para poder articular políticas. Si no se articulan los recursos, no vamos a tener nunca, por el tipo de sistema que tenemos (desintegrado y con múltiples financiadores), eficiencia. Hay que regionalizar y el dinero tiene que servir para servicios; no puede ser que el dinero termine no dando servicios.
Entonces, ¿cree necesario un acuerdo sanitario?, ¿cuál sería el rol de las provincias, del Cofesa?, ¿cuál sería el alcance de este acuerdo?
El acuerdo se tiene que plasmar en una ley y hay mecanismos que estamos estudiando para proponerlos en el 2° semestre de este año. Cuando uno suma el Pami, las personas sin cobertura que son asistidas por la provincia y los municipios y las obras sociales provinciales, en general, estamos hablando, en el peor de los casos, del 70% de la población. Entonces, si nosotros, que somos los principales financiadores, ponemos un acuerdo, establecemos nuestros estándares, creo que podemos ordenar el sistema. Lo que pasa es que se mueven muchos intereses por detrás de este tema. Aunque esto no sea políticamente correcto, entre todos tenemos que darnos cuenta de esto, y fundamentalmente la gente, porque el dinero que aporta no llega al servicio. Esa distorsión hay que terminarla. Muchas veces el mismo sistema propende a que muchas obras sociales no den servicios. Queremos que el hospital público vuelva a tener los recursos que le corresponden. No queremos premiar la ineficiencia, debemos premiar la eficiencia. Esto lo hicimos en el Pami con muy buenos resultados.
El modelo financiador atraviesa crisis muy serias, tanto en el sector privado como en el público. Si bien en los últimos años hubo una mejora, hoy hay una fuerte puja por la distribución de los recursos ¿Cómo se resuelve este tema?
Yo creo que hay una puja redistributiva, que es algo lógico y es algo bueno. La verdad, prefiero discutir en una mesa, como me ha pasado en el Pami, con los distintos actores del sistema y no estar discutiendo cuántos meses no les voy a pagar, como se discutía en 2000 y 2001: cuando todo el mundo estaba tratando de sobrevivir. Ahora que hemos mejorado, se da una puja redistributiva entre todos los sectores y actores del sistema. Lo que creo es que hay una cantidad de dinero que debe ir a quien da los servicios de prestación y eso, con costos lógicos y razonables, mantenerlo.
También es una decisión: ¿qué es lo que se premia dentro del sistema de salud, la aparatología o el conocimiento? Eso también da una indicación de la salud que tenemos: podemos tener una medicina muy cara y que el médico sea un mero derivador. Eso es lo que hay que discutir en la Argentina: si el modelo de medicina es ése, si es la libre elección, como muchos quisieron imponer. Creo que es una discusión que también se tiene que dar en el sector profesional porque también valoriza o no su trabajo.
Yo creo que un sistema sanitario que atienda la salud y no la enfermedad tiene que estar basado en un médico que pueda tener a su cargo la población, que pueda hacer el seguimiento y que pueda tener el conocimiento necesario para poder atender al paciente. Es muy difícil, si yo tengo la libre elección del médico, aplicar políticas de prevención, de atención primaria de la salud. Creo que es una medicina que ha encarecido al sistema y que ha dado como resultado la atención de la enfermedad.
¿Cómo se cambia el paradigma de la atención de la enfermedad? ¿Aplicando políticas de prevención, cambiando el modelo?
Es eso, pero también hay que hacer esta discusión a nivel profesional porque es un tema central: qué retribuimos más, cómo manejamos los medicamentos, de costos crecientes, cómo transparentamos los distintos incentivos que hay en el sistema y que los profesionales reciben. Todo eso tiene que ser muy transparente porque esos son fondos que no van a la atención, sino a otro lugar. Lo más fácil es decir: “queremos más plata”, pero la verdad es que en la Argentina ha aumentado el presupuesto de salud pero eso no trajo como consecuencia mejores servicios.
Los hospitales están siempre abarrotados y no hay turnos, ¿son un síntoma de que estamos fallando?
Hay que hacer que la atención primaria funcione. Porque si alguien llega a la atención primaria y el médico no está, o está y lo manda a hacerse un análisis, esa persona sale del sistema. Decide entonces ir al hospital. Ese problema se puede atender en el centro de atención primaria si tenemos los recursos y el personal adecuado. Nosotros tenemos que desconcentrar el hospital porque tiene que cumplir el rol de hospital y no el de resolver todos los problemas. Los hospitales se han recargado porque hay una relación de 4 o 5 camas cada 1.000 habitantes, cuando en los 80 era de 7 camas. En el sector privado también cerraron muchas instituciones, lo que también alteró esa relación histórica. En la zona metropolitana hay un problema muy serio de falta de camas para todos los servicios, una situación muy crítica. Por eso la inversión que hay que hacer es muy grande y tenemos que hacerla muy racionalmente: ver bien cómo podemos utilizar esa inversión de la mejor forma, con un buen mapa sanitario, que sirva para toda la población. No sirve poner 200 ambulancias si no lo hago estratégicamente.
¿Cuál es la política en relación a los medicamentos?
Vamos a afianzar las políticas que se llevaron adelante a partir de la ley de prescripción de genéricos, afianzando también el ANMAT, que regula la política de medicamentos en cuanto al control. Hemos constituido un programa para articular toda la red pública, que existía y que estaba trabajando un poco desarticuladamente en el Congreso, en el Ministerio, con la Comisión de Tecnología, para establecer en conjunto estrategias para medicamentos, sobre todo para las enfermedades obligadas, donde no hay interés económico pero sí hay interés sanitario para el país. Articular y lograr buenos estándares; que todos los esfuerzos, que muchas veces se dan desde marcos locales, puedan tener una instancia más nacional.
¿Cómo ve el fenómeno de “judicialización de la salud”?
Con mucha preocupación, porque el amparo, que fue una institución muy buena y muy necesaria desde el año 2000 al 2003 por la situación de crisis, luego, usado sin racionalidad, elevó los costos del sistema. Terminó siendo el negocio para unos pocos. Yo no digo que todos los amparistas estén involucrados, pero lo que vemos (y hemos denunciado a la Justicia) es que hay acuerdos entre prestadores y abogados. Entonces, la mayor parte de los amparos de todo el país se manejaban de la misma forma por esas prestaciones. Esto no puede aceptarse. A nosotros nos parece muy importante el rol que los jueces deben cumplir: hay instancias previas para acordar si corresponde o no la prestación. Por supuesto que cada caso es individual y debe ser tomado como caso, pero creo que también deben existir claros protocolos de tratamiento, que faltan. Protocolos de tratamiento que sean indiscutibles. Todos sabemos que en el sistema hay incentivos y que, a veces, ciertas recomendaciones no se dan tanto por caso individual, sino por ese incentivo. Allí se da una violación ética del profesional. Se terminan cubriendo muchas cosas que no tienen evidencia científica y que representan intereses de los sectores. Desde afuera, eso es muy difícil de ver. Detrás de este mundo se mueven muchos intereses y mucho dinero que no va a las prestaciones, sino a llenar los bolsillos de algunos vivos.
En cuanto a la gestión en sí, al Ministerio se lo criticó en los últimos tiempos porque las vacunas no llegaban o porque los medicamentos para el sida faltaban. ¿Eso se debe más a un tema de poca eficiencia o de falta de recursos?
Antes había cuatro stocks de medicamentos, y no compartían la información, entonces los programas compraban un poco desarticuladamente: nosotros hemos trabajado los últimos meses en empezar a rearticular la gestión.
¿Cómo logramos tener equipos, gestión y calidad en la gestión?
Yo no soy de hacer mucho discurso y me llaman la hormiguita porque soy una mujer que trabaja. Demostré en el Pami que se pueden hacer las cosas con trabajo. Acá hay un equipo de gente que me acompaña en ese trabajo; básicamente lo que queremos es ordenar la gestión porque con una estructura desordenada es difícil lograr la articulación. Primero estamos organizando el Ministerio: tenemos un stock único, queremos lograr que toda la información sea compartida por todos. Estas son las cosas que hemos modificado. Seguramente han causado en los sectores más internos algún ruido o comentario. En el Pami, la mayoría decía algo al principio. Yo lo que pido es que me dejen trabajar y que me juzguen por los resultados y no por lo que digo, porque no me gustan mucho los discursos. Soy muy testaruda, y voy, y voy, y voy… y así se puede cambiar la realidad. Lo del Pami lo hicimos con muchas horas de trabajo y con mucha convicción. Júzguenme por lo que hice.
¿Ese sería el mensaje para los argentinos?
No, para los argentinos no porque me van a juzgar por eso. Quizá para los sectores que en algunos momentos me miran con mucha desconfianza. Creo que ninguno puede dudar que soy una persona muy razonable, ejecutiva y que cuando digo algo, se cumple. El sector tampoco puede negar que la situación del Pami cambió totalmente con mi gestión: los prestadores cobran en tiempo y forma, nadie les pidió ningún contrato, trabajan con tranquilidad, y se puso como objetivo elevar la excelencia, así que el que más presta más gana.
Esto tenemos que llevarlo al sistema en general: fijar estándares mínimos y garantizarlos con el trabajo en conjunto y la integración de los financiadores, si no, no hay solución posible.
DEFINICIONES DE UNA MINISTRA
1. “Si no se articulan los recursos, no vamos a tener nunca, por el tipo de sistema que tenemos (desintegrado y con múltiples financiadores), eficiencia”.
2. “Lo más fácil es decir: ‘queremos más plata’, pero la verdad es que en la Argentina ha aumentado el presupuesto de salud pero eso no trajo como consecuencia mejores servicios”.
3. “El acuerdo sanitario se tiene que plasmar en una ley y hay mecanismos que estamos estudiando para proponerlos en el 2° semestre de este año”.
4. “Para nosotros la salud no es el tratamiento de la enfermedad, sino que tiene que ver con áreas como la prevención, la infraestructura”
5. “El Pami terminó con un modelo de gerenciamiento que, históricamente, había producido el saqueo de la institución. Se terminó con los vivos que se quedaban con la plata que debía ir a prestaciones”
6. “Tenemos que desconcentrar el hospital porque tiene que cumplir el rol de hospital y no el de resolver todos los problemas.”.
7. “Nosotros no creemos que el sector público y el sector privado tengan que competir. Es ridículo que el sector público adquiera equipamiento que está en manos del sector privado porque se produce un dispendio de fondos que también hay que regular”.
8. “Es muy difícil, si yo tengo la libre elección del médico, aplicar políticas de prevención, de atención primaria de la salud. Creo que es una medicina que ha encarecido al sistema y que ha dado como resultado la atención de la enfermedad”..
DE ASESORA AD HONOREM DE CHACHO ALVAREZ A MINISTRA K
EL CAMINO DE LA HORMIGUITA
Graciela Ocaña nació el 16 de setiembre en la localidad de San Justo, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Luego de haber concluido su ciclo de formación básica, se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Antes de ingresar en el campo político, se desempeñó laboralmente en el área de comercio exterior. Fue de la mano de Carlos “Chacho” Alvarez que Ocaña hizo su ingreso a la escena política, formando parte del Frepaso.
“Yo soy una militante política, pero estoy en política hace poco tiempo, no hace tantos años. Como militante, siempre me interesó la política y participar. En el año 1991, cuando el menemismo había tomado el poder en la Argentina, cuando había caído el muro de Berlín y había una gran discusión en el mundo entre la gente de izquierda para ver cuál era su papel, yo me acerqué a Chacho Alvarez que intentaba construir, a través de un movimiento de justicia social y que tenía un discurso diferente: no solamente desde la palabra, sino también desde la acción. Yo era politóloga, me había recibido hacía poco tiempo y ayudaba ad honorem. Me interesaba la idea de reconstruir el campo popular en la Argentina, que es tan necesario para poder cambiar el país”.
En el año 1999 asumió como diputada nacional bonaerense por la Alianza, cargo al que pudo acceder gracias a la promulgación de la Ley de Cupos. “Fue el primer cargo al que me presenté electivamente y desde ese momento trabajé en el Congreso en las temáticas que a mí me interesaban: la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema político en la Argentina, y la investigación de los sectores y los grupos económicos que habían sido parte del saqueo del país a través del Lavado de dinero y de otras cosas que yo denuncié”.
En el año 2001 se suma al ARI, hasta que, en el año 2003, pasa a integrar las filas del Kirchnerismo. “Cuando el presidente me convocó, decidí que lo iba a acompañar, aunque no fuera de su partido político ni de su sector: lo único que me pedía era que terminara con una obra social corrupta que había tenido siempre una corrupción coyuntural, más allá de los diferentes partidos que pasaron por la presidencia. La verdad es que él me ayudó, no me puso ningún condicionamiento y creo que pudimos hacer un cambio muy profundo en el Pami.”
Durante 2004 asumió la titularidad del Pami, sin abandonar su banca de diputada nacional. Allí se desempeñó durante cuatro años, en los cuales logró un alto nivel de reconocimiento público.
Con el cambio de gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la erige Ministra de Salud a partir del diez de diciembre de 2007.
LANZAMIENTOS (I)
EL PROGRAMA DE SANIDAD ESCOLAR
Una iniciativa del Ministerio de Salud, que optimiza la relación escuela-salud, se propone evitar enfermedades prevenibles en los niños e influir desde la salud escolar en la reducción de las inequidades existentes entre la población.
En su discurso de presentación, realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia de la presidenta Cristina Kirchner, entre otros altos funcionarios, Graciela Ocaña afirmó: “todos somos conscientes de que la escuela es una de las herramientas igualadoras más importantes con las que cuenta un país. Basta sólo mencionar que mientras el 98% de los niños de entre 6 y 12 años se encuentran escolarizados, sólo el 52% de ellos tiene cobertura de obra social o plan médico. Es una nueva muestra de las inequidades existentes y a vencer.”
El Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) efectuará un diagnóstico sobre el estado de salud de los niños de primero y séptimo grado en los establecimientos educativos del país, con exámenes visuales, evaluación fonoaudiológica y control odontológico básico. Comenzará su etapa piloto en mayo próximo en los municipios de La Matanza y en los departamentos de San Fernando (Chaco), Capital (Catamarca) y San Miguel de Tucumán (Tucumán), alcanzando a 95.000 alumnos en 590 escuelas.
El programa arrancará en 2008 con una inversión de 40 millones de pesos que se destinará a recursos humanos, insumos, logística y resolución de las patologías detectadas (se estima que existen 320.000 alumnos con patologías oftalmológicas, fonoaudiológicas y estomatológicas).
En tanto, entre junio y diciembre de 2008, tendrá lugar la primera etapa de ejecución en 15 partidos del segundo cordón del conurbano bonaerense, NOA y NEA, que alcanzará a 550.000 alumnos en 7.900 escuelas. Finalmente, en el año 2009 se desarrollará la segunda etapa, generalizándose el programa a todo el país.
Para ello, el PROSANE organizará equipos de salud multidisciplinarios que contarán con la participación de estudiantes de las Facultades de Medicina de todo el país. En este sentido, la ministra Ocaña expresó que la acción “implementa una política nacional de salud de la niñez, preventiva, reparativa y universal, recuperando el rol que el Estado no debería haber resignado jamás”.

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